Cuando por fin la Junta Pro-Autonomía tuvo acceso al referido informe, sólo tardó veinte días en rebatirlo y ridiculizarlo hasta extremos insospechados. Como ejemplo, se aportó una copia de pago de una sola licencia de obras facilitada por un constructor cuyo montante doblaba ya la cantidad que el Ayuntamiento de Málaga afirmaba recaudar en todo un año. Además, entre otras muchas pruebas, quedó acreditado que los ingresos por Contribución Urbana en Torremolinos ascendían a casi el doble de lo señalado en el controvertido expediente económico.

Se sucedieron los viajes a Sevilla del presidente de la Junta Pro-Autonomía, acompañado por el abogado Antonio Tastet y la coordinadora Isabel Manoja, a fin de entrevistarse con técnicos de la Junta de Andalucía quienes, justo es reconocerlo, demostraron profesionalidad y asepsia ante la grotesca farsa urdida por el Ayuntamiento de Málaga, frente a la cual se ofrecía la irrefutabilidad de los datos que aportaba la Junta Pro-Autonomía. Así, en diciembre de 1986 fue informado favorablemente el expediente de segregación, lo cual no suponía, en absoluto, el triunfo en la interminable batalla jurídico-administrativa.

Tocaba entonces esperar la decisión política final de la Junta de Andalucía, una resolución que no podía ser contraria al diagnóstico técnico pero que resultaba compleja en el ámbito político, teniendo en cuenta que el PSOE gobernaba en Sevilla, Málaga y Torremolinos.
Atender el dictamen de los técnicos suponía, seguro, propiciar un duro enfrentamiento entre el PSOE regional y el malagueño, abocando además a consecuencias jurídicas y políticas de hondo calado. Por ello, la Junta de Andalucía optó por "dormir" el asunto, aparcando cualquier decisión, mientras que la Junta Pro-Autonomía se daba un plazo de dos meses para emprender nuevas acciones reivindicativas.

Se cumplió dicho plazo y, en una resolución osada y valiente, se decidió convocar una huelga general para el 24 de marzo de 1986.

El apoyo del pueblo fue total. Desde primeras horas, pese a que el paro se convocó desde las once, el pueblo entero se paralizó, incluidos los hoteles, que fijaron unos servicios mínimos. Fue una jornada con amplia repercusión mediática no sólo en España sino también fuera de nuestras fronteras y la magnitud y decisión de la protesta obligó a la Junta de Andalucía a prometer que "en dos o tres meses como máximo", el expediente de segregación sería remitido al Consejo de Estado, a fin de que éste redactara un informe de carácter preceptivo, aunque no vinculante. Era el último trámite previo a la decisión definitiva.

El 24 de abril de 1987 el concejal del Partido Popular en Málaga Ildefonso Arenas presentó una moción que requería la revocación del acuerdo del Ayuntamiento de la capital que denegaba la segregación de Torremolinos y el pronunciamiento favorable a la misma ante la Junta de Andalucía. Frente a tal iniciativa, Francisco Bóveda (PSOE) justificó la oposición socialista a la independencia alabando el funcionamiento de la Junta de Distrito de Torremolinos como cauce eficaz para resolver los problemas y defendiendo una vez más la correcta administración de los intereses de Torremolinos y la no necesidad de la segregación. De nuevo, Pedro Aparicio, Francisco Bóveda, Miguel Escalona, junto con los catorce concejales socialistas más, votaron contra Torremolinos y rechazaron la moción.

Siguió pasando el tiempo de forma inexorable sin que la Junta de Andalucía cumpliera su compromiso y plazo anunciado. Mientras, en Torremolinos crecía la indignación, hasta el punto de que algunos propugnaban ya "medidas más radicales", pese al ejemplar comportamiento cívico mantenido en los años precedentes.

La Junta Pro-Autonomía temía entonces, dado el estado de ánimo general, que cualquier convocatoria multitudinaria derivase en incidentes por acción de ilegales o incontrolados, cuya actuación acarrearía responsabilidades y, sin duda, consecuencias peligrosos y serio riesgo de paralización definitiva del proceso. No obstante, como persistía el "silencio" de la Junta de Andalucía, pese a los sucesivos requerimientos al consejero de Gobernación, Enrique Linde, tras mucho sopesarlo, y viendo incontenible la crispación popular, se decidió convocar una manifestación para el 10 de septiembre, no sin acompañar la misma de una llamada explícita del presidente de la Junta Pro-Autonomía, Pedro Fernández Montes, a la tranquilidad y a la protesta pacífica.

Por fortuna, este llamamiento fue atendido unánimemente. La manifestación fue de nuevo un ejemplo de civismo, aunque concluida la misma muchos se preguntaban cuánto tiempo podría mantenerse la calma y reprimir los deseos de una minoría de endurecer las acciones, algo a lo que reiteradamente se opuso con rotundidad la Junta Directiva, que apostaba nuevamente por la confianza en el Estado de Derecho.

Sea como fuere, Pedro Fernández Montes se dirigió por escrito al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, para explicarle las graves consecuencias que podrían derivarse de prolongarse la pasividad del gobierno autonómico en este asunto, instándole a que cumpliera el último trámite pendiente: la remisión del expediente al Consejo de Estado.