Fueron necesarios tres meses y medio para que el 14 de enero de 1983 el Ayuntamiento de Málaga notificara finalmente su acuerdo plenario de archivo. Inmediatamente, se preparó el recurso correspondiente, presentado en febrero ante la Audiencia Territorial de Granada.
Fechas antes, la Junta Pro-Autonomía procedió a la renovación de su Junta Directiva, debido a que las obligaciones profesionales de algunos de sus miembros les impedía dedicar a la misma el tiempo suficiente, además de haberse comprobado que la co-presidencia de cinco personas decidida inicialmente resultaba excesivamente compleja a efectos de firma y representación. Por ello, se decidió la elección de un único presidente, nombramiento que, mediante votación secreta de los 28 miembros de la Junta asistentes, recayó en Pedro Fernández Montes, quien fue respaldado con 26 sufragios, mientras que José Sánchez Escaño obtuvo uno y otro voto fue emitido en blanco.

El 17 de diciembre de 1982 quedó constituida por unanimidad la nueva Junta Directiva, que quedó formada por Pedro Fernández Montes como presidente; José Ramón del Cid Santaella (Secretario); Luisa Gimilio Amate (Secretaria); Domingo Avisbal Márquez (Tesorero); Eusebio Arribas Castillo, Antonio G. Guillamón Maraver, Francisco Gómez Pérez y Juan Vallejo Martín (Contadores); Isabel Manoja Serra (Coordinadora), y los vocales Miguel Alarcón Alarcón, Salvador Alarcón Mercader, Elena Avisbal Moreno, Antonio Caffarena Martín, Francisco Campoy Carrique, Manuel Flores Cruzado, José Fernández Montes, Antonio Gómez Quesada, Francisco González Leal, Angeles Guerrero de Bóveda, Ernesto López Serrano, Antonio Márquez Zaragoza, Juan Montes Pinto, Roberto Olarra Pappalardo, Antonio Pedraza Pérez, Manuel Rascón Medina, Francisco Rivera Márquez, Francisco Romero Avila y Francisco Troncoso Rueda.

Con la situación en punto muerto, la Junta Pro-Autonomía, como miles de ciudadanos, se dispusieron a esperar el desarrollo de los acontecimientos pero, en contra de lo que algunos deseaban y suponían, no cundió el desánimo y, ante la larga espera que se sospechaba, se decidió multiplicar las actividades para seguir recaudando fondos y, sobre todo, mantener encendida la llama reivindicativa. Surgió entonces el boletín informativo "La Voz de Torremolinos", que se hizo eco de las fiestas, festivales infantiles, paellas populares y demás actos que se sucedían. Fue en esa misma publicación en la que el insigne malagueño y torremolinense de corazón y adopción Manolo Blasco firmó un celebrado artículo titulado "El Bacherama" en el que glosaba el abandono que sufría Torremolinos por parte del Ayuntamiento de Málaga.

Veinte meses después de haberse presentado el recurso ante la Audiencia Territorial de Granada, ésta dictó una sentencia que daba la razón a la Junta Pro-Autonomía y obligaba al Ayuntamiento de Málaga a cursar la tramitación del expediente que, en cumplimiento del trámite preceptivo, fue objeto de exposición pública en marzo de 1985 sin que se produjeran alegaciones, aunque ello no evitó que pasaran los meses sin que el alcalde, Pedro Aparicio, cumpliera el paso siguiente de llevar el mismo nuevamente al Pleno municipal. Era, pues, un nuevo bloqueo del proceso.

La indignación popular fue en aumento en Torremolinos. La Junta Pro-Autonomía, evitando la iniciativa jurídica que prolongaría extraordinariamente en el tiempo el trámite de expediente, optó entonces por propiciar una movilización ciudadana capaz de demostrar a los dirigentes socialistas el verdadero poder del movimiento y su firme resolución de perseverar en sus fines.

En septiembre de 1986 el pueblo de Torremolinos se echó a la calle y, ante miles de vecinos, Pedro Fernández Montes leyó un duro comunicado exigiendo el cumplimiento de la Ley y advirtiendo que la paciencia del pueblo de Torremolinos, que hasta entonces había dado un ejemplo de civismo, tenía un límite y en ningún caso permanecería pasivo ante el evidente secuestro de su voluntad del que estaban siendo autores Pedro Aparicio y Francisco Bóveda.
Por fin, en noviembre de 1986, después de un nuevo retraso de dos años, el asunto fue llevado a Pleno en el Ayuntamiento de Málaga, donde el responsable del PSOE de Torremolinos, junto con los demás compañeros de su partido en la capital, volvieron a votar contra la independencia de Torremolinos. Además, en esta ocasión el voto contrario también se produjo por parte de otro concejal nacido en Torremolinos, Miguel Escalona Quesada, quien, como Böveda, justificó su posición afirmando que el respaldo recibido por su partido en Torremolinos se correspondía con las personas contrarias al proceso de segregación.

No era así. Salvo contadas excepciones, los vecinos de Torremolinos, al margen de inclinaciones políticas, estaban en su inmensa mayoría por la autonomía, y es por ello que muchos consideraron a Francisco Bóbeda y Miguel Escalona "traidores", dándose la paradoja de que éste último fue precisamente el más beneficiado de lo que jamás quiso ni defendió, ya que, merced a una coalición, acabó siendo presidente de la Gestora que administró Torremolinos a partir de su recuperada independencia administrativa.

Efectivamente, aunque en 1991 el PSOE obtuvo muchos menos votos que el Partido Popular, liderado por Pedro Fernández Montes, un acuerdo de coalición con IU permitió a Miguel Escalona convertirse en el primer alcalde electo del nuevo municipio de Torremolinos.

Después del nuevo acuerdo del Ayuntamiento de Málaga contrario a la independencia de Torremolinos aún pasarían cuatro años hasta que el expediente, nuevamente retenido, fuera remitido a las instancias correspondientes. En ese período, además, se produjo el hecho importante de que las competencias para decidir la segregación que ostentaba el Consejo de Ministros fueron traspasadas al Consejo de Gobierno da la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, tan reiteradamente opuesto a la independencia. Creció por ello la inquietud de los torremolinenses, sobre todo tras conocerse que el expediente remitido por Málaga fue acompañado de un informe económico, que aclaraba el retraso de la tramitación, cuya principal finalidad era demostrar que Torremolinos no cumplía el requisito de autosuficiencia económica, lo que ofrecía a la Junta de Andalucía un argumento legal suficiente para confirmar la no procedencia de la concesión de la independencia.

Por si fuera poco, el alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, y el teniente alcalde de Torremolinos, Francisco Bóveda, no cesaron de realizar pronunciamientos públicos en los que aseguraba que Málaga recaudaba de Torremolinos unos 600 millones de pesetas, mientras que gastaba mucho más. Fue, sin duda, una postura que pocos creyeron, sobre todo por la contradicción que suponía pretender retener a toda costa, frente a la reivindicación popular y contra la Ley, lo que, según sus palabras, resultaba una carga económica muy importante.