Concluido por fin el expediente jurídico demostrativo de la capacidad de Torremolinos para cumplir los requisitos legales exigidos, el documento de segregación, el más completo que jamás se había elaborado en España, con 3.500 folios, fue presentado por Antonio Tastet Díez y algunos miembros de la Junta Pro-Autonomía el 30 de abril de 1982, celebrándose ese mismo día, como apoyo al trámite administrativo, una manifestación popular por las calles de Torremolinos a la que acudieron más de 5.000 personas.

A partir de aquel momento, todo dependía del Ayuntamiento de Málaga. Si votaba a favor, el expediente tendría una rápida tramitación. En caso contrario, la Junta Pro-Autonomía se vería abocada al trámite contencioso.

Aunque el PSOE de Torremolinos se había mostrado contrario a la autonomía, eran muchos los que albergaban esperanzas de que, una vez constatado el rotundo apoyo popular al proceso de segregación, y tras haberse demostrado la capacidad económica de supervivencia de Torremolinos, el PSOE votara a favor de la independencia. Además, se tenía la esperanza de que Francisco Bóveda, que no había nacido en Torremolinos pero llevaba más de veinte años viviendo en el pueblo, como máximo responsable del PSOE en Torremolinos y también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga, influyera en sentido positivo sobre la decisión final. Pero no fue así. Al final, lo que muchos calificaron de "traición a su pueblo" se consumó el 29 de mayo de 1982, cuando Bóveda, como el resto de compañeros de partido, antepuso sus intereses personales y su estatus de concejal malagueño a los deseos del pueblo de Torremolinos, votando contra la iniciativa de independencia.

El rechazo mayoritario del Ayuntamiento de Málaga a la segregación supuso un duro revés para la Junta Pro-Autonomía y los miles de vecinos de Torremolinos que habían soñado con ver cumplido su sueño de forma casi inmediata.

No obstante, en julio de 1982 se interpuso el correspondiente recurso de reposición, que fue tratado por el Pleno malagueño en sesión ordinaria del 30 de septiembre de ese mismo año. De nuevo, Francisco Bóveda y el resto de representantes socialistas se opuso a la independencia de Torremolinos, lo que, por otra parte, no representó ninguna sorpresa.

Además, en dicha sesión no sólo fue rechazado el recurso sino que, a propuesta del portavoz del PSOE, se decidió el archivo del expediente y, por tanto, su no tramitación como exigía la Ley.

Se trataba, en síntesis, de llevar el proceso a "vía muerta", ya que la única posibilidad de que el expediente continuara, a través del Consejo de Ministros, obligaba a recurrir a la vía judicial y, consecuentemente, a un largo trámite de años que, probablemente, propiciaría que se disiparan las aspiraciones e ilusiones mayoritarias del pueblo de Torremolinos.

Ante tal tesitura, la Junta Pro-Autonomía decidió solicitar un informe a la Abogacía del Estado y el Ministerio de Administración Territorial, que concluyó que el expediente de segregación debía seguir su curso y no podía ser archivado.
El alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, como el resto de sus compañeros, hizo caso omiso a tal pronunciamiento, hasta el punto de no querer siquiera entregar el acta de la sesión plenaria del 30 de septiembre, para con ello retrasar todo el proceso iniciado.

La Junta Pro-Autonomía entendió siempre que la decisión de archivar el expediente constituyó una decisión injusta a sabiendas, un hecho tipificado legalmente como delito de prevaricación, pero evitó acudir a la vía penal, en aras de seguir agotando la vía contenciosa y evitar que el trámite se eternizara.