La nueva Junta comenzó así una ardua tarea, cuya finalidad no era otra que demostrar fehacientemente las razones que justificaban la segregación . Para ello, había que adoptar primero una importante decisión: elegir al equipo profesional que llevara jurídicamente el proceso, teniendo en cuenta además los importantes costes económicos de una gestión de esta naturaleza. Finalmente, tras muchos contactos, se decidió encomendar dicha tarea al abogado granadino Antonio Tastet Díez, quien a la postre sería auténtico artífice jurídico de un trámite tan amplio y complejo, al que además se sumó de forma entusiasta, con honradez y enorme profesionalidad, méritos reconocidos hoy con el bautismo de una calle que perpetúa su memoria.

En principio, los requisitos exigidos para obtener la condición de municipio se resumían en tres:

• Territorio suficiente para desarrollar las actividades propia de un municipio, un aspecto éste superado básicamente al tener Torremolinos perfectamente delimitados con anterioridad, desde cuando era municipio independiente, su término municipal, por lo que se trataba de copiar el antiguo mapa del Torremolinos de 1924, actualizándolo con los nuevos barrios, distritos y urbanizaciones surgidas entre aquél año y 1980.
• Contar con la voluntad popular. Un aspecto fácil en apariencia, pero no tan sencillo en cuanto a su demostración jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley no preveía la celebración de un referéndum, por lo que la única forma de acreditar esa voluntad popular era mediante la firma individualizada de un documento de apoyo a la segregación de Torremolinos de Málaga. La campaña a tal fin se inició el 15 de febrero de 1981 y, programada para tres meses, la Junta Pro-Autonomía hubo de prolongarla como consecuencia de que el censo oficial, revisado ese mismo año, se había ya incrementado en personas mayores de 18 años hasta los 12.000 habitantes, lo que significaba que, siendo necesario acreditar la "voluntad popular" en número superior al 50 por ciento de la población, el número de firmas exigible alcanzaba las 6.000.
  Además, el PSOE, con una amplia mayoría en el Ayuntamiento de Málaga y un triunfo electoral en los colegios electorales de Torremolinos, inició desde la ejecutiva local liderada por Francisco Bóveda, a la sazón teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, una campaña soterrada de oposición a la recogida de firmas que dificultaba aún más esta iniciativa y que motivó fuertes discrepancias en el seno del propio partido, en el que destacados dirigentes locales, como el anterior responsable en Torremolinos, Francisco Prieto Tejada, hoy ya no militante socialista, discrepó abiertamente de la postura impuesta por Francisco Bóveda, por considerar que ir contra la autonomía suponía una tradición a su propio pueblo.
  Por su parte, el PCE, habiendo rehusado también a firmar el Manifiesto, no hizo campaña en contra de la recogida de firmas, dejando libertad a sus militantes, una decisión influida por Brenea Chaves, vecina de Torremolinos y entonces concejala del Ayuntamiento de Málaga.
  Por fin, se superaron todos los obstáculos y trece meses después, en marzo de 1982, se dio por terminada la recogida de firmas, con más de 8.400 apoyos explícitos, que suponían más del 70 por ciento del censo oficial del momento.
• Contar con autosuficiencia económica.
  No había dudas al respecto, aunque de la promesa formal del entonces alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, a la Junta Pro-Autonomía, de facilitarle todos los datos económicos relacionados con Torremolinos se pasó a una cerrazón total al respecto, resultando especialmente difícil demostrar documentalmente esa autosuficiencia económica del municipio. De hecho, consciente de la imposibilidad de acreditar lo contrario, el alcalde de Málaga argumentó reiteradamente que Torremolinos era deficitario y que, por tanto, su supervivencia dependía de las aportaciones de Málaga.
  Fue necesaria mucha paciencia y superar muchos inconvenientes para que los miembros de la Junta Pro-Autonomía lograrán acopiar los necesarios datos socio-económicos que probaran la importancia de Torremolinos y los ingresos que podía generar de cara a poder atender las necesidades que comportaría un autogobierno. No obstante los problemas, finalmente se elaboró un presupuesto teórico de 2.100 millones de pesetas, confirmado más tarde como viable por los técnicos de la Dirección General de Administración Local y Justicia, que valoraron la evidencia de la rigurosidad de este trabajo, corroborada además por el hecho de que el primer presupuesto del nuevo municipio ascendió a idéntica cantidad, 2.100 millones de pesetas.